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Es 2018 y en España alguien puede ser enviado a la cárcel por la letra de una canción. La Audiencia Nacional le ordenó al rapero Valtonyc, de 24 años, que se presente en una prisión federal en un plazo máximo de 10 días para empezar a cumplir una sentencia de tres años y medio por incitar al terrorismo con sus canciones.

De acuerdo con Billboard, el rapero también fue condenado por el Tribunal Supremo español por haber insultado a la familia real en las canciones que publicó en YouTube y otras plataformas de Internet.

Un mes después de haber sido condenado en febrero, el rapero ha recibido el apoyo de gente que ha salido a manifestarse a la calle a favor de la libertad de expresión así como de un grupo de políticos españoles encabezado por el gobierno de coalición de socialistas, nacionalistas y Podemos, a la cabeza del Ayuntamiento de Palma, quienes también hicieron un llamado para salir a las calles a protestar ante la decisión del Tribunal.

Valtonyc es un rapero mallorquín y su nombre real es Josep Miquel Arenas. En la convocatoria donde los concejales Aligi Molina (Podemos) y Neus Truyol (Més) convocaron a la ciudadanía para apoyarlo aclararon que la lucha que estaban emprendiendo se relacionaba con la defensa del sentido común y de los derechos políticos y civiles, reportó El Mundo.

Pero ni las protestas ni la cobertura mediática ejercieron presión como para hacer cambiar la decisión del Tribunal. Los cargos se basan en una ley española de 2015 en la que se limita la libertad de expresión, prohíbe reuniones masivas y establece multas por protestar y por hacer comentarios que inciten a la violencia en las redes sociales. Se trata de una ley que apela a la lucha contra el terrorismo.

El caso del rapero tiene dividida a las instituciones españolas. Por un lado, el Ayuntamiento de Barcelona emitió una declaración institucional en la que señaló su preocupación por el aspecto autoritario del Estado “expresado en la modificación del Código Penal de 2015, que habilita la extensión del delito de enaltecimiento del terrorismo e injurias al Rey a casos como el de Josep Miquel Arenas”, se lee en el documento.

De este modo, Barcelona instó al gobierno español a “impulsar cambios legislativos necesarios para derogar la Ley de Seguridad Ciudadana [conocida como Ley Mordaza] y la reforma del Código Penal para garantizar el pleno ejercicio de la libertad de expresión, especialmente en las expresiones artísticas”, señala el manifiesto citado por El País.

En el polo opuesto se encuentran instituciones como la Asociación Profesional de la Magistratura, de tendencia conservadora, cuyo vocero ha señalado que los magistrados de la Audiencia Nacional no han hecho sino aplicar el código vigente, y además indicó que la libertad de expresión no es un derecho absoluto e ilimitado.

En un foro sobre libertad de expresión celebrado en una antigua prisión de Barcelona el mes pasado, Valtonyc dijo: “Llamarme terrorista no tiene sentido. Mis canciones no lastiman a nadie, no he matado a nadie. Yo rapeo sobre cosas que suceden, pero no soy un participante", destacó.

En su defensa, el rapero apeló a la libertad de expresión. Sus abogados describieron la naturaleza de las letras del rap como "extremas, provocativas, alegóricas y simbólicas", pero no hubo manera de convencer a los miembros del Tribunal.

El jueves (17 de mayo), treinta y cinco artistas se presentarán en un concierto a favor de la libertad de expresión y en contra de las acciones del gobierno en Palma, Mallorca. Por su parte, el festival Primavera Sound incluirá, dentro de sus actividades paralelas (Primavera Pro), una mesa redonda con representantes de Amnistía Internacional que hablarán de la crisis de libertad de expresión que atraviesa España.

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